Nicaragua ha anunciado la liberación de decenas de prisioneros políticos, en medio de la creciente presión ejercida por Estados Unidos sobre el gobierno del presidente Daniel Ortega. La medida se produce después de que Washington capturara al exlíder venezolano Nicolás Maduro la semana pasada.
La embajada estadounidense en Managua indicó que Venezuela había dado un paso importante hacia la paz al liberar a los que describió como "prisioneros políticos", pero lamentó que, en Nicaragua, "más de 60 personas siguen injustamente detenidas o desaparecidas, entre ellas pastores, trabajadores religiosos, enfermos y ancianos".
En un comunicado, el Ministerio del Interior de Nicaragua señaló que el sábado "regresan a sus hogares y familias decenas de personas que estuvieron en el Sistema Penitenciario Nacional". Sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre quiénes fueron liberados y bajo qué condiciones.
Las autoridades nicarag enses han llevado a cabo una represión continua desde las protestas sociales masivas de 2018, que fueron reprimidas violentamente. El gobierno ha encarcelado a adversarios, líderes religiosos, periodistas y a otras personas, y luego los ha exiliado, despojando a cientos de su ciudadanía y posesiones.
Según el secretario ejecutivo de la organización nicarag ense de derechos humanos CADILH, Danny Ramírez Ayérdiz, la liberación de los prisioneros es una respuesta a la presión ejercida por Washington. "Hay seguramente mucho temor dentro del régimen de que los Estados Unidos lo disuelva por completo", afirmó.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos volvió a criticar al gobierno de Nicaragua el sábado, denunciando que "los nicarag enses votaron por un presidente en el 2006, no por una dinastía ilegítima vitalicia". Además, advirtió que "reescribir la Constitución y aplastar a la disidencia no borrarán las aspiraciones de los nicarag enses de vivir libres de la tiranía".
A pesar de la liberación de algunos prisioneros, se estima que más de 60 personas siguen detenidas o desaparecidas en Nicaragua, incluyendo pastores, trabajadores religiosos, enfermos y ancianos. Expertos señalan que esta medida podría ser un intento del gobierno de Ortega de desentenderse de la oposición y contrarrestar las críticas internacionales en materia de derechos humanos.
