La comisión parlamentaria encargada de investigar el accidente que costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Cerredo, en Asturias, reanudará mañana lunes sus trabajos con la declaración de miembros de la Brigada de Salvamento Minero que participaron en el rescate.
Tras el parón de diciembre y las vacaciones de Navidad, la comisión recabará el testimonio de nueve miembros de la Brigada de Salvamento entre el lunes y el miércoles. El jueves, comparecerán el alcalde de Degaña, Óscar Ancares, y la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, mientras que al día siguiente lo hará el regidor de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella.
La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, que presidió también el Instituto para la Transición Justa en los años en los que se dieron las ayudas a la descarbonización, ha sido citada a comparecer el 21 de enero, aunque aún no está confirmada su presencia.
Al día siguiente lo hará el exconcosejero de Industria Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, y el viernes 23, las otras dos extitulares de la cartera de Industria en la etapa de Gobierno de Adrián Barbón: Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz, que dimitió del cargo a raíz del accidente de Cerredo, el más grave de la minería asturiana en las tres últimas décadas.
El director general de Energía y Minería del Principado, Javier Cueli, comparecerá el 26 de enero, y el actual consejero de Ciencia, Industria y Energía, Borja Sánchez, al día siguiente, mientras que apoderados y empresarios mineros lo harán el resto de días hábiles hasta finalizar el mes.
Entre los citados están responsables de la empresa Blue Solving, propietaria de los derechos de la mina de Cerredo en el momento del accidente, y de Combayl, del mismo entramado empresarial.
Todos los convocados están obligados a comparecer ante esta comisión, si no hay motivo que justifique su ausencia, y en caso de que no lo hagan la mesa de la comisión puede elevar la incomparecencia a la Fiscalía.
La comisión parlamentaria, constituida el 15 de mayo a propuesta del PP y Foro y apoyada por Vox y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, que la preside, es una de las vías abiertas para tratar de esclarecer las causas del accidente en el que fallecieron los cinco mineros, todos ellos leoneses.
Además de esta comisión, sigue abierta la vía judicial, en manos del Juzgado de Cangas del Narcea, y se ha iniciado una auditoría por parte de la Inspección General de Servicios del Principado sobre el trabajo realizado desde el área de Minas de la administración autonómica, mientras que la Comisión Regional de Seguridad Minera ha constituido su propia comisión de investigación desde un punto de vista técnico.
La explosión registrada en el nivel tercero de la mina de Cerredo se produjo por la acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal, ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018.
