Casi dos décadas después de la expulsión del embajador estadounidense en Bolivia, los dos países parecen estar en camino de recomponer sus relaciones diplomáticas. Sin embargo, el proceso se ha visto ralentizado por una serie de cautelas y trámites burocráticos por parte del gobierno boliviano, lo que podría tener un alto costo estratégico para el país andino.
Desde 2008, cuando el gobierno de Evo Morales expulsó al embajador estadounidense y Washington respondió con la remoción del embajador boliviano, la relación entre ambos países quedó reducida a su mínima expresión, con apenas encargados de negocios y una cooperación limitada. Esta ruptura, de carácter ideológico y simbólico, inauguró una anomalía prolongada que se ha extendido por 17 años.
El cambio político en Bolivia a finales de 2025, con la llegada al poder de Rodrigo Paz y la salida del MAS, pareció abrir una nueva ventana de oportunidad para recomponer los lazos. El discurso oficial giró hacia el pragmatismo, con promesas de apertura al mundo y una relación "estratégica y transformadora" con Estados Unidos.
Estas señales encontraron eco inmediato en Washington. Altos funcionarios como el subsecretario de Estado Christopher Landau y el secretario de Estado Marco Rubio anunciaron el restablecimiento de relaciones a nivel de embajadores y ofrecieron apoyo para atraer inversión estadounidense a Bolivia.
Incluso en el ámbito de la seguridad, se dieron pasos concretos como el retorno de la DEA al país andino y operaciones coordinadas contra el narcotráfico. Todo parecía indicar que se estaba abriendo una nueva era en las relaciones bilaterales.
Sin embargo, lo que no hay son nombres, ni plácets solicitados, ni cartas credenciales listas para ser presentadas. El gobierno boliviano se ha concedido un plazo hasta el primer semestre de 2026 para completar los trámites administrativos y legislativos antes de nombrar a los nuevos embajadores.
Según las autoridades bolivianas, esto se debe a la voluntad de evitar que el nombramiento se convierta en un "pulseteo" o negociación partidaria en la Asamblea Legislativa. No obstante, este argumento de carácter doméstico tiene un alto costo estratégico en el plano internacional.
A diferencia de Bolivia, Estados Unidos tiene los mecanismos legales para elevar su representación en La Paz al máximo nivel diplomático de manera más ágil. Pero el gobierno boliviano ha decidido no hacerlo en sentido inverso, lo que genera interrogantes sobre su verdadera voluntad de recomponer los lazos.
Mientras tanto, la realidad avanza por otros carriles. Bolivia enfrenta una preocupante ola de violencia vinculada al crimen organizado, que opera a lo largo y ancho del país y está "midiendo al poder político", según las propias autoridades. En ese contexto, la cooperación antinarcóticos con Estados Unidos se vuelve crucial, pero sin embajadores de peso, Bolivia discute seguridad desde una posición debilitada.
Analistas advierten que Bolivia corre el riesgo de volver a quedar en las sombras o en el olvido de Washington, no por hostilidad externa, sino por parálisis interna. En un momento en que Estados Unidos redefine su estrategia hemisférica y prioriza recursos clave como el litio, Bolivia tiene una oportunidad excepcional que podría desperdiciar si no demuestra liderazgo diplomático a la altura del momento.
Desde la era de John F. Kennedy, América Latina no ocupaba un lugar tan central en la conversación estratégica estadounidense como hoy. En ese contexto, Bolivia podría ser un actor de primera línea si logra recomponer sus lazos con Washington de manera ágil y decidida. De lo contrario, el costo sería enorme, ya que en diplomacia "quedarse quieto no es neutralidad: es invisibilidad".
