Sánchez arriesga fuerte con Venezuela y financiación autonómica para cambiar el debate político

El año comienza con el Gobierno de Pedro Sánchez enfrascado en demostrar que tiene mucha agenda y que va a seguir, cerrando negociaciones importantes con sus socios para mantener la legislatura. Sánchez ha decidido arriesgar mucho en el arranque del nuevo curso político con dos cuestiones clave: el ataque de EE UU a Venezuela y la financiación autonómica.

Con el tema de Venezuela, Sánchez ha jugado fuerte y ha decidido ir al choque, incluso creando un frente contra la invasión con varios presidentes latinoamericanos. Según fuentes del Gobierno, el presidente volvió de París convencido de que su posición es la correcta y que los demás líderes europeos acabarán acercándose a ella cuando Trump dé un salto en Groenlandia, algo similar a lo que sucedió con el reconocimiento de Palestina.

En cuanto a la financiación autonómica, Sánchez ha optado por asumir un riesgo político muy alto en pleno ambiente electoral en Castilla y León, Aragón y sobre todo Andalucía. El objetivo es consolidar el poder en la Cataluña de Salvador Illa. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se resistió con fuerza a las exigencias de ERC y ha logrado un sistema en el que ganan todas las comunidades, siendo las grandes beneficiadas Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia.

Sánchez ha ordenado a todo su equipo salir a defender el nuevo sistema de financiación autonómica y a hacer política con él, convirtiéndolo en un argumento electoral en vez de un problema. Aunque es probable que la reforma no logre aprobarse nunca por el rechazo del PP, Vox y posiblemente de Junts.

El Gobierno se concentra así en volver a la política y tratar de aparcar el frente judicial y policial, que en cualquier momento puede dar más sorpresas. Sánchez ha vuelto con la intención clara de trasladar un mensaje completamente opuesto al que dejó un terrorífico diciembre para el Ejecutivo: esto sigue y se pueden hacer muchas cosas desde un Gobierno, incluidas muchas que no requieren votación en el Congreso.