La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, bautizada como "Operación Resolución Absoluta", ha reabierto un intenso debate jurídico y político a nivel global. Desde una perspectiva del derecho internacional, esta acción constituye una flagrante violación de principios fundamentales como la prohibición del uso de la fuerza, la soberanía e integridad territorial de los Estados, y el principio de no intervención en asuntos internos.
La entrada de tropas estadounidenses y el bombardeo de instalaciones en Caracas atentan directamente contra la Carta de las Naciones Unidas, que en su Artículo 2(4) prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Además, la captura del presidente Nicolás Maduro entra en conflicto con la inmunidad que el derecho internacional reconoce a los jefes de Estado en funciones, pudiendo ser calificada como un secuestro internacional o una detención arbitraria.
Expertos consultados señalan que la "Operación Resolución Absoluta" sienta un peligroso precedente, al establecer la figura de la "invasión para arresto", algo que no tiene sustento en el derecho internacional vigente. Aceptar este criterio abriría la puerta a que cualquier país pueda intervenir en otro bajo el pretexto de imponer un cambio de régimen, vulnerando gravemente el principio de no intervención en asuntos internos.
Más allá de las implicancias jurídicas, la intervención estadounidense en Venezuela también despierta serios cuestionamientos desde la perspectiva de los recursos naturales y la soberanía económica. La Resolución 1803 de la ONU consagra el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales, algo que se vería gravemente comprometido si Estados Unidos logra imponer el control de la industria petrolera venezolana.
Analistas advierten que esta situación guarda un peligroso paralelismo con el Tratado de Versalles, impuesto a Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Al igual que en aquel entonces, la humillación nacional y la asfixia económica rara vez conducen a democracias estables y duraderas, pudiendo en cambio alimentar el surgimiento de nacionalismos radicales y la desestabilización regional.
Para que Venezuela pueda alcanzar una transición política y económica real y sostenible en el tiempo, es fundamental que esta surja de un genuino consenso nacional, y no de una imposición externa que priorice intereses estratégicos o corporativos por sobre la soberanía popular. De lo contrario, se corre el riesgo de repetir los errores del pasado, con consecuencias potencialmente devastadoras para la estabilidad de toda la región.
