El gobierno de Honduras se enfrenta a una ola de rechazo nacional e internacional por un decreto legislativo que ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar un nuevo escrutinio de los resultados electorales. Diversos organismos y actores políticos sostienen que esta medida vulnera la voluntad expresada por los más de 3,8 millones de hondureños que acudieron a las urnas.
Desde el sector privado, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), hizo un llamado a respetar los resultados electorales y el mandato ciudadano, subrayando la importancia de preservar el sistema democrático del país. "Desde el sector privado hondureño le hacemos un llamado claro y responsable a respetar la voluntad de los 3.8 millones de hondureños que se expresaron en las urnas. Esa es la democracia hondureña y debe prevalecer", expresó.
Por su parte, el diputado Tomás Zambrano responsabilizó directamente a las máximas autoridades del Congreso Nacional y del Ejecutivo, cuestionando la legalidad del decreto aprobado. Zambrano acusó al presidente del Congreso, Luis Redondo, al partido Libertad y Refundación (Libre) y a la mandataria Xiomara Castro de impulsar una acción que "carece de sustento constitucional".
Desde el sector empresarial de la zona norte, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) recordó que la autoridad electoral ya cumplió con su mandato constitucional y que cualquier intento de desconocerlo atenta contra el orden legal. "La declaratoria que recoge la voluntad del pueblo hondureño ya fue emitida por el Consejo Nacional Electoral, que es la institución autorizada por la Constitución de la República para señalar quiénes son las autoridades electas por decisión popular y no puede ser ignorada", señalaron.
Incluso, el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que cualquier intento de anular el proceso electoral tendrá consecuencias serias para Honduras. "Las voces de 3.8 millones de hondureños se han alzado, y el Consejo Nacional Electoral ha certificado los resultados electorales. Los intentos de anular ilegalmente las elecciones hondureñas tendrán graves consecuencias", aseguraron.
Ante este panorama, expertos y analistas políticos coinciden en que el decreto aprobado por el Congreso Nacional pone en riesgo la estabilidad democrática de Honduras y podría generar una crisis institucional de graves repercusiones, tanto a nivel nacional como internacional.
