Fuerzas Armadas de Honduras respaldan declaración del Consejo Nacional Electoral

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Héctor Benjamín Valerio Ardón, reafirmó el compromiso de la institución castrense de respetar la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizar una transición ordenada tras las elecciones del pasado 30 de noviembre.

Valerio Ardón expresó que las Fuerzas Armadas mantendrán la custodia y vigilancia del material electoral, y apoyarán la declaratoria del CNE para que se respete la voluntad popular expresada en las urnas.

"Estamos manteniendo la custodia y la vigilancia del material electoral y vamos a apoyar la declaratoria del CNE para que se respete ese voto popular que el 30 de noviembre cada uno de ustedes ejerció", afirmó el general.

Asimismo, pidió a la población que tenga confianza en el resultado final del proceso electoral, que ha sido catalogado por el mundo como uno de los más cuestionados.

"Confíen en sus Fuerzas Armadas, estamos con el pueblo. Nos debemos al pueblo; venimos del pueblo, por lo tanto, esa confianza la deben mantener hasta el final de esta misión, que seguramente será un éxito", concluyó Valerio Ardón.

Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, junto a diputados de Libre y la congresista del Partido Liberal, Mireya Guillén, aprobaron una resolución que ordena al CNE realizar un recuento voto por voto.

Esta decisión ha generado controversia, ya que miembros de la oposición y autoridades estadounidenses consideran que esta acción busca anular el proceso electoral del 30 de noviembre, calificándola como una maniobra improcedente y un ataque a la alternabilidad en el poder.

Pese a las críticas, la presidenta electa, Xiomara Castro, sancionó y aprobó el decreto que ordena contar las 306 actas de cierre en el nivel presidencial, 2,620 en diputados y 1,848 actas aún no contabilizadas en alcaldías.

Expertos y analistas advierten que el recuento solicitado por Redondo podría alterar los resultados oficiales y poner en riesgo la estabilidad democrática del país.