Organizaciones condenan asesinato de periodista mexicano por "negligencia institucional

El asesinato del periodista mexicano Carlos Castro, ocurrido el 8 de enero en Veracruz, ha generado una ola de condenas por parte de diversas organizaciones que señalan al Estado mexicano por la "negligencia institucional" que propició su muerte.

La organización Propuesta Cívica, dedicada a la protección de los derechos humanos y la libertad de prensa en México, argumentó en un comunicado que el "fallo catastrófico" fue retirar los "mecanismos estatales de protección" sin justificación razonable al comunicador, quien había sido inscrito en el Mecanismo de Protección para Periodistas desde abril de 2024 tras recibir amenazas vinculadas a su labor informativa.

Propuesta Cívica consideró de gravedad que las medidas de protección no fueron reactivadas cuando Castro regresó a Poza Rica, la ciudad donde fue asesinado, en agosto de 2025. Según la organización, la Secretaría de Gobernación habría exigido que el periodista presentara "una solicitud formal para reactivar su protección", lo que calificaron como "una omisión inexcusable" por parte de las autoridades.

Otras asociaciones, como Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), también han demandado al Gobierno de México atender la crisis de violencia contra la prensa en un país que en 2025 fue considerado el segundo más peligroso para ejercer el periodismo.

En Veracruz, entre 2005 y 2024, se han registrado 31 asesinatos de periodistas y cuatro desapariciones. Castro, director del portal digital Código Norte Veracruz, recibió al menos 16 impactos de bala por sujetos armados, de quienes no se ha informado de su detención.

La organización Propuesta Cívica exigió a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, y a los órganos autónomos estatales que realicen "una auditoría inmediata" del Mecanismo de Protección para Periodistas y "reformulen sus protocolos de reactivación de medidas", eliminando requisitos burocráticos.