Las políticas públicas no pueden entenderse sin atender a la evolución histórica del Estado moderno. Este proceso de transformación institucional ha llevado al Estado a ampliar progresivamente sus funciones y asumir mayores responsabilidades frente a las demandas sociales.
En el Estado liberal clásico de los siglos XVIII y XIX, la intervención estatal se concebía de manera limitada, predominando una visión restrictiva del poder público centrada en la protección del orden, la seguridad y la propiedad privada. En este contexto, no existía un desarrollo sistemático de políticas públicas orientadas al bienestar social.
Sin embargo, la insuficiencia de este modelo liberal se hizo evidente con el avance de la industrialización, la urbanización acelerada y la profundización de las desigualdades sociales. La llamada "cuestión social" puso de relieve la incapacidad del mercado para autorregularse y garantizar condiciones mínimas de vida digna para amplios sectores de la población.
Este escenario condujo al surgimiento del Estado social, caracterizado por una ampliación sustancial de las funciones estatales y por el reconocimiento progresivo de derechos sociales, económicos y culturales. Las políticas públicas emergen entonces como instrumentos racionales de intervención estatal, orientados a la realización efectiva de estos nuevos derechos.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo del Estado de bienestar en Europa consolidó la idea de que la acción estatal debía organizarse de manera planificada, coordinada y evaluable. La expansión de políticas públicas universales se convirtió en un rasgo definitorio de los sistemas democráticos avanzados.
En América Latina, la recepción del Estado social fue desigual y fragmentaria. Aunque muchas constituciones incorporaron amplios catálogos de derechos sociales, la debilidad institucional, la inestabilidad política y las limitaciones administrativas dificultaron su traducción efectiva en políticas públicas consistentes.
El constitucionalismo contemporáneo ha reforzado esta evolución al concebir la Constitución como un programa normativo vinculante. Autores como Hermann Heller y Norberto Bobbio subrayaron que el Estado democrático no puede limitarse a garantizar libertades formales, sino que debe crear las condiciones materiales para su ejercicio efectivo.
Comprender el origen histórico de las políticas públicas permite advertir que estas no surgen de la improvisación ni del voluntarismo político, sino de una transformación profunda del Estado y de su relación con la sociedad. Allí donde el Estado asume seriamente su función social, las políticas públicas se convierten en el eje central de la acción gubernamental.
