El sistema judicial de nuestro país enfrenta una crisis de credibilidad ante la creciente percepción de que la justicia se ha convertido en una "mesa de negociación financiera" donde los grandes corruptos pueden comprar su libertad a cambio de devolver solo una fracción de lo robado.
Esto se evidencia en los cada vez más frecuentes casos de imputados por defraudar al Estado que quedan en libertad tras llegar a acuerdos de "colaboración" o "delación premiada" con la Fiscalía. Estos mecanismos, que se justifican bajo la premisa de lograr una mayor eficacia en las investigaciones, envían un mensaje devastador a la sociedad: la honestidad y el esfuerzo parecen sacrificios inútiles frente a la corrupción.
Para el ciudadano común, que lucha a diario contra la inflación, los impuestos y la escasez, resulta indignante ver cómo los grandes negociantes del erario público, después de defraudar millones, regresan a sus casas tras pactar cifras que representan solo una fracción de lo robado. Mientras tanto, las cárceles permanecen abarrotadas de personas por delitos menores, muy lejos de la magnitud del dolo estatal.
"Realmente vale la pena ser serio", se pregunta amargamente el hombre de honor que se gana la vida con el sudor de su frente, al ver cómo la justicia parece estar a la venta para quien tiene los recursos para comprarla.
Expertos en derecho penal advierten que este tipo de acuerdos, si bien pueden ser útiles en algunas investigaciones, deben aplicarse con extrema cautela y transparencia para evitar que se conviertan en una puerta de escape para los grandes corruptos. De lo contrario, se corre el riesgo de que la integridad se convierta en una especie en extinción.
"No podemos permitir que la justicia sea solo para quien no tiene con qué comprarla", sentencia un abogado consultado. Porque, al final del día, la sentencia podrá ser negociada en los tribunales, pero la paz de una conciencia tranquila no tiene precio ni admite acuerdos.
