Tras el anuncio del presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, de excarcelar a un "número importante" de detenidos por motivos políticos, la realidad ha sido muy distinta. Según organizaciones de derechos humanos, solo se han confirmado entre 8 y 11 liberaciones, dejando atrás a la inmensa mayoría de los más de 800 presos políticos contabilizados en el país.
La situación ha generado angustia y desesperación entre los familiares de estos presos, quienes han organizado vigilias fuera de varios centros de detención exigiendo la liberación inmediata de sus seres queridos. Activistas denuncian que el Gobierno no ha publicado una lista oficial, lo que aumenta la incertidumbre y el sufrimiento de las familias.
"Tras más de 24 horas de angustia, de dolor, de temor y de sufrimiento, seguimos insistiendo en la necesidad de que liberen" a estas personas, expresó el activista Diego Casanova, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Casanova criticó la discrepancia entre el anuncio de Rodríguez y la realidad, donde se estima que al menos 70 presos políticos siguen detenidos en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Por su parte, Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano, hizo un llamado a los hermanos Rodríguez para que "cumplan con ese compromiso asumido con la liberación de todos los presos políticos". Silva afirmó que siguen "con mucha fe, con mucha esperanza de poder tener noticias positivas en las próximas horas".
Según el Foro Penal, organización que lidera la defensa de estos casos, al 5 de enero se contabilizaban 811 presos políticos en Venezuela, distribuidos en 120 centros de detención, incluyendo prisiones comunes, comisarías y comandos militares. La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha denunciado que las autoridades niegan información sobre estos detenidos, manteniéndolos en una situación de vulnerabilidad.
Algunas de las cárceles más emblemáticas son el Helicoide, descrito como "el centro de tortura más grande de América Latina"; Ramo Verde, donde estuvo preso el opositor Leopoldo López; y Tocorón, en Aragua, que fue reactivada en 2024 por orden del presidente Nicolás Maduro como "cárcel de máxima seguridad" para reeducar a más de 2.400 detenidos en protestas postelectorales.
Desde 2015, el Observatorio Venezolano de Prisiones ha documentado 25 muertes de presos políticos en custodia, la más reciente del exgobernador Alfredo Díaz el 6 de diciembre en El Helicoide.
A pesar de los anuncios del Gobierno, la realidad es que cientos de presos políticos siguen sufriendo en las cárceles venezolanas, mientras sus familias claman por su liberación inmediata. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos mantienen la presión para que el régimen de Maduro cumpla con sus promesas y ponga fin a esta grave crisis humanitaria.
