La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha ordenado la revocación del tratado de extradición con Estados Unidos, en respuesta a las "graves consecuencias" que Washington amenazó por los intentos de anular ilegalmente las elecciones en el país centroamericano.
Según informó la mandataria a través de sus redes sociales, instruyó al ministro de Relaciones Exteriores, Javier Bú Soto, para que notifique de inmediato a Estados Unidos sobre el fin del acuerdo de extradición. Esto, dijo Castro, es una consecuencia de las amenazas realizadas contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, ya que su gobierno ha luchado incansablemente contra el narcotráfico.
La decisión de Castro se produce luego de que la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos emitiera un claro mensaje al gobierno hondureño, advirtiendo que tendrían "graves consecuencias" por los intentos de anular ilegalmente las elecciones en el país. Desde Washington se afirmó que las voces de los 3,8 millones de hondureños que votaron han sido escuchadas y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha certificado los resultados electorales.
Además, la administración del expresidente Donald Trump señaló que la violencia política no tiene cabida en el proceso democrático hondureño, y que los ciudadanos merecen una transición pacífica del poder. Expresaron su deseo de trabajar con el presidente electo, "Tito" Asfua, para avanzar en objetivos comunes.
Sin embargo, Xiomara Castro consideró que existe una "grave contradicción" en la postura de Estados Unidos, al indultar al exmandatario Juan Orlando Hernández, quien enfrenta cargos de narcotráfico en ese país. Por ello, la presidenta hondureña decidió tomar la drástica medida de revocar el tratado de extradición, en un claro desafío a la injerencia estadounidense en los asuntos internos de Honduras.
Este movimiento de Castro se produce en un momento de alta tensión política y diplomática entre Honduras y Estados Unidos, en el que ambos países parecen estar en una disputa por la soberanía y el control de los procesos electorales y de seguridad en la nación centroamericana.
