El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra Iván Mordisco, líder de las disidencias de las FARC, por su presunta responsabilidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad y de guerra.
Según el representante legal del mandatario, Alejandro Carranza, la denuncia no se limita a "una serie de hechos aislados de violencia, sino que refleja un patrón prolongado de crímenes" bajo el mando de Mordisco, cuya estructura "tiene vocación de permanencia y una capacidad de articularse con otras redes criminales, más allá de las fronteras nacionales".
La decisión se produce en un contexto de creciente preocupación por la articulación de redes criminales en Colombia y la región, y por la continuidad de delitos que afectan a sectores vulnerables de la población, como el reclutamiento de niños y niñas, el desplazamiento forzado de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y los ataques a líderes sociales, excombatientes y defensores de la paz.
Carranza argumentó que, ante la "persistencia de los crímenes, la imposibilidad material de capturar al máximo responsable y la creciente dimensión transnacional del fenómeno", la intervención de la CPI se presenta como un "complemento necesario para asegurar que la responsabilidad penal alcance a quienes, desde posiciones de mando, concibieron, ordenaron y sostienen la maquinaria de violencia".
La denuncia se produce horas después de que Mordisco convocara a una alianza con el ELN, la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Popular (EPL) para enfrentar la supuesta operación militar de Estados Unidos en Venezuela. Frente a esto, el presidente Petro rechazó tajantemente la propuesta, asegurando que Mordisco "no defiende a Venezuela, ni a Colombia, ni a América Latina, sino que 'son la excusa de la invasión y hasta de dineros oscuros que corren para sabotear las elecciones e impedir la libertad electoral'".
Además, se informó que próximamente se radicará una denuncia contra Mordisco ante la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y el Departamento de Justicia de ese país, con el objetivo de que el Gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, apoye la persecución de quienes "generan trampas de pobreza, miedo y terror en las zonas del Estado donde no se logra llegar y donde se fabrica la droga que llega a Estados Unidos".
