El impacto de los gastos de la Seguridad Social en las arcas municipales fue tratado en una reunión esta semana entre la Famurs (Federación de Municipios de Río Grande del Sur) y el Tribunal de Cuentas del Estado (TCE). En el encuentro, quedó clara la preocupación conjunta por el riesgo de asfixia financiera de los ayuntamientos ante los cambios derivados de la Reforma de la Seguridad Social.
La evaluación es que los Regímenes Propios de Seguridad Social (RPPS) han pasado a ocupar un papel central en la sostenibilidad de las administraciones municipales. Los efectos se reflejan directamente en las nóminas, en la capacidad de inversión y en los servicios públicos prestados a la población.
Río Grande del Sur tiene 331 RPPS, siendo 330 de municipios y el propio del Estado, que ya ha realizado una Reforma Previsional. Entre los municipios, solo 119 han promovido cambios. Es decir, más de un tercio no han llevado a cabo reformas de los RPPS. La comprensión de la Famurs y del TCE es que sin una planificación y un enfrentamiento coordinado, muchos gestores verán sus presupuestos cada vez más comprometidos con la seguridad social, generando impactos directos en políticas públicas esenciales.
La presidenta de la Famurs, Adriane Perin de Oliveira, destacó que la entidad viene tratando la previsión municipal como un eje estratégico. Ella invitó al presidente del TCE, el consejero Iradir Pietroski, quien asumió el Tribunal en diciembre, a participar en la ceremonia de apertura de la Asamblea de Verano 2026, que se celebrará los días 4, 5 y 6 de marzo en Torres. Pietroski también participará en un panel temático sobre las Reformas Previsional y Administrativa y sus impactos en los municipios.
