El Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá se encuentran en una disputa por el reciente aumento en la tarifa del sistema de transporte público Transmilenio. Mientras el Gobierno advierte que esto podría poner en riesgo la cofinanciación para la adquisición de una nueva flota de buses eléctricos, la Administración Distrital defiende la medida argumentando que el incremento del salario mínimo ha impactado los costos operativos del sistema.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló en redes sociales que la decisión del alcalde Carlos Fernando Galán de aumentar la tarifa a $3.550 para 2026 "ha puesto en riesgo el compromiso de transferencia de la nación de recursos para la flota eléctrica y al mismo tiempo va a reducir la demanda de pasajeros del sistema". Incluso, Sanguino advirtió que se examinarán "medidas de control al aumento desmedido e injustificado de las tarifas de transporte público del país".
Por su parte, el secretario Distrital de Planeación, Miguel Silva Moyano, le respondió al ministro que el incremento en la tarifa no es exclusivo de Bogotá, sino que se debe al aumento del salario mínimo, el cual "impacta directamente la estructura financiera" del sistema de transporte. Además, resaltó que el alcalde mantiene el compromiso de brindar pasajes gratuitos a casi 700.000 personas vulnerables para mitigar el impacto.
Según Transmilenio, el 20% de los costos del sistema se ajustan en relación con el salario mínimo, el cual creció 23,7% este año. Además, el 34,29% de los empleados recibe un salario mínimo, y el 53,7% percibe ingresos entre uno y dos mínimos.
El Gobierno y la Alcaldía de Bogotá deberán llegar a un acuerdo para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de transporte público y, al mismo tiempo, asegurar la entrega de recursos para la adquisición de la nueva flota de buses eléctricos, una iniciativa clave para reducir las emisiones de carbono en la ciudad.
