El Gobierno nacional ha intensificado el uso de herramientas legales para asegurar que quienes tienen la responsabilidad de pagar la cuota alimentaria lo hagan de manera puntual, con el objetivo de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La justicia familiar cuenta con diversas medidas que permiten obligar al deudor a responder por la pensión alimentaria establecida en sentencia judicial. Una de las más destacadas es la posibilidad de que un juez ordene el embargo directo de una parte del salario del obligado para transferirlo al beneficiario, sin depender de la voluntad del trabajador.
En Colombia, si bien el salario mínimo no puede ser embargado en términos generales, las normas contemplan una excepción clara en casos de obligaciones alimentarias. Ante esto, es posible retener hasta el 50% de los ingresos netos del deudor.
Además, la ley establece un orden de prelación entre embargos cuando una persona enfrenta diferentes procesos. En estos casos, el pago de la cuota alimentaria tiene prioridad sobre otras obligaciones financieras como créditos o deudas comerciales, lo que asegura que este tipo de retenciones se efectúen primero.
Es importante destacar que los embargos no son permanentes y pueden ser ajustados o levantados si el deudor demuestra ante la autoridad que ha saldado la deuda o que existe un cambio significativo en su situación económica. Sin embargo, solo un juez puede modificar o dejar sin efecto las órdenes vigentes.
Además del embargo salarial, la normativa contempla otras sanciones para quienes incumplen de manera reiterada, incluyendo responsabilidad judicial adicional si se oculta información sobre los ingresos.
Estas medidas forman parte de los esfuerzos del Gobierno por garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y proteger los derechos de los menores de edad en el país.
