La apelación presentada por los abogados defensores de los militares acusados en el caso de la masacre de El Mozote podría retrasar el avance del proceso judicial, que se encuentra en la fase final de llegar a juicio.
Según informó la Fundación CRISTOSAL, el 22 de diciembre de 2025, el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera notificó que los abogados de los militares apelaron la decisión de llevar el caso a juicio. Esta apelación busca frenar o revertir el avance del proceso contra el exministro de Defensa, Guillermo García, y 12 oficiales del Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador, señalados como los responsables de la masacre.
Ahora, será la Cámara de lo Penal de San Miguel quien decida si mantiene la decisión del juzgado de llevar el caso a la etapa de juicio o si cambia dicha resolución a favor de los acusados.
La masacre de El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981, es considerada la mayor atrocidad cometida en América Latina en el contexto contemporáneo. En aquella operación militar, más de mil civiles, en su mayoría niños, niñas y adolescentes, fueron exterminados.
Después de 44 años de lucha por la verdad y la justicia, el caso finalmente fue elevado a la fase plenaria el 26 de noviembre de 2025, lo que abría el camino para la programación del juicio. Sin embargo, esta nueva apelación de los militares acusados podría retrasar aún más el ansiado proceso judicial.
"Este caso posee una enorme cantidad de pruebas y fundamentos legales claros para pasar a su etapa final de juicio, esperamos que la decisión de la Cámara esté apegada a la justicia y se avance en la superación de la impunidad que ha prevalecido más de cuatro décadas en este caso", expresó CRISTOSAL.
A los militares se les atribuyen delitos como asesinato, asesinato tentado, incendio, violación y coacción agravada por su participación en la operación militar que terminó con la masacre de más de mil civiles.
El avance del caso ha sido posible gracias a la prueba testimonial de los sobrevivientes, los resultados forenses de los fragmentos óseos recuperados y los peritajes técnicos impulsados por la acusación particular, integrada por CRISTOSAL y Tutela Legal.
Pese a los obstáculos, el proceso judicial ha logrado incorporar pruebas contundentes sobre los hechos y la cadena de responsabilidades de los oficiales acusados. La justicia para las víctimas de este atroz crimen de guerra y de lesa humanidad es un deber ineludible del sistema de justicia salvadoreño.
