El Poder Judicial de Honduras ha programado el juicio oral y público por el asesinato del defensor ambiental y regidor de Tocoa, Juan Antonio López, del 15 al 26 de junio de 2026. Sin embargo, la acusación privada alerta que la prueba científica clave, como las extracciones telefónicas de los imputados y de la propia víctima, apenas se presentó en dictámenes preliminares, lo que evidencia rezagos del Ministerio Público y refuerza el llamado a transparentar las líneas de investigación sobre posibles autores intelectuales.
El asesinato de Juan López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024 en Tocoa, Colón, pese a que contaba con medidas cautelares de la CIDH, será juzgado por la Sala II del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción. Los acusados por los delitos de asesinato y asociación para delinquir son Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, quienes permanecen con auto de formal procesamiento y prisión preventiva.
La defensora ambiental Juana Esquivel, del Comité Municipal, advirtió que este avance es apenas "un pasito" en la búsqueda de justicia, ya que la "estructura criminal" que ha sostenido crímenes vinculados al proyecto minero energético, con la participación de autoridades municipales, debe ser investigada y juzgada. Las comunidades y organizaciones del Bajo Aguán seguirán organizadas para exigir que se avance hacia la responsabilidad de los autores intelectuales, no solo de quienes ejecutaron el crimen.
La abogada Kenia Oliva, parte de la acusación privada, calificó el proceso contra los tres imputados como "un pequeño paso" para llegar a quienes planificaron el crimen. Explicó que la prueba científica, en particular las extracciones telefónicas, es clave para identificar posibles autores intelectuales, pero hasta ahora no habían tenido acceso a esa información de manera oportuna. Oliva cuestionó que, pese a que el Estado ha admitido la existencia de actores intermedios e intelectuales, la acusación privada sigue sin conocer con claridad cuáles son las líneas de investigación que la fiscalía está desarrollando.
De cara al juicio oral y público programado del 15 al 26 de junio de 2026, las comunidades anunciaron que regresarán al Tribunal para instalar un campamento de exigencia permanente, con el objetivo de no solo vigilar el desarrollo del juicio contra los tres imputados, sino insistir en que el Estado avance en requerimientos fiscales y en investigaciones que permitan identificar y juzgar a la estructura criminal señalada como responsable de la planificación del asesinato de Juan López.
