La prefeitura de Maringá, en el estado de Paraná, Brasil, anunció la demisión de aproximadamente 50 servidores del Servicio de Atendimiento Móvil de Urgencia (Samu) local. Según las autoridades, esta medida tiene como objetivo corregir una irregularidad que podría haber sido solucionada hace casi 10 años y que resultó en pérdidas de alrededor de 15 millones de reales (aproximadamente 3 millones de dólares) para el municipio.
De acuerdo con la información proporcionada, la prefectura detectó una serie de irregularidades en la contratación y gestión de los funcionarios del Samu en Maringá. Estas irregularidades se remontan a casi una década atrás y, a pesar de haber sido identificadas en ese momento, no fueron debidamente corregidas por las administraciones anteriores.
El alcalde de Maringá, Ulisses Maia, explicó que la actual gestión municipal se vio obligada a tomar medidas drásticas para solucionar este problema. "Lamentablemente, tuvimos que tomar esta decisión difícil, pero necesaria, para corregir una situación que se arrastraba desde hace casi 10 años y que ha generado un gran perjuicio financiero para el municipio", declaró el mandatario.
Las irregularidades detectadas incluyen la contratación de personal sin el debido proceso legal, así como el pago de salarios y beneficios por encima de lo establecido en la legislación. Según las autoridades, estas prácticas han resultado en un gasto excesivo de recursos públicos que podría haber sido evitado si se hubieran tomado las medidas correctivas a tiempo.
La prefectura de Maringá aseguró que los servidores afectados por las demisiones recibirán todos los derechos y beneficios legales correspondientes. Además, la administración municipal se comprometió a realizar un proceso de reestructuración y saneamiento del Samu local, con el objetivo de garantizar la prestación de un servicio de emergencia eficiente y transparente a la población.
