La Presidencia de la República rechazó el pedido de acceso a la información pública presentado por el senador colorado Andrés Ojeda, quien solicitaba detalles sobre la denuncia penal contra el astillero Cardama y sus ampliaciones.
La decisión fue adoptada mediante una resolución firmada por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, con fecha del 7 de enero de 2026. En la resolución, se argumenta que el 23 de diciembre de 2025 la Presidencia había clasificado como reservada "toda la información y documentación contenida y relacionada en la denuncia penal y posteriores ampliaciones" presentadas contra la empresa Francisco Cardama S.A.
El Poder Ejecutivo justificó la negativa en que "entregar la información peticionada haría incurrir a la Presidencia de la República en responsabilidad por violentar la reserva legal expresamente dispuesta por el Código del Proceso Penal y la reserva administrativa antes relacionada".
Esta denuncia penal contra el astillero Cardama se enmarca en un contexto más amplio de investigaciones y controversias en torno a la construcción y venta de buques offshore patrol vessel (OPV) a la República Oriental del Uruguay. El contrato para la construcción y venta de estos buques fue firmado el 15 de diciembre de 2023 entre el Estado uruguayo y la empresa Francisco Cardama S.A.
Según fuentes consultadas, la denuncia penal presentada por la Presidencia de la República involucra presuntas irregularidades y sobrecostos en el proceso de adquisición de estos buques OPV. Sin embargo, los detalles específicos de la denuncia y las ampliaciones realizadas han sido clasificados como información reservada por el Poder Ejecutivo.
La decisión de negar el acceso a esta información ha generado controversia y cuestionamientos sobre la transparencia de las actuaciones del Gobierno en torno a este caso. Algunos sectores políticos han expresado preocupación por la falta de acceso a los detalles de la investigación, argumentando que la reserva de la información podría dificultar el escrutinio público y el control de la gestión gubernamental.
El senador Andrés Ojeda, quien presentó el pedido de acceso a la información, ha manifestado su disconformidad con la resolución de la Presidencia y ha anunciado que evaluará las acciones legales correspondientes para intentar acceder a los detalles de la denuncia penal.
