El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó este jueves de forma integral el proyecto de ley aprobado por el Congreso que buscaba reducir las penas del ex mandatario Jair Bolsonaro y de otros participantes en la conspiración golpista ocurrida tras las elecciones de 2022.
El veto de Lula se firmó durante un acto conmemorativo celebrado en Brasilia, en el tercer aniversario del asalto a las sedes de los tres poderes perpetrado por simpatizantes de Bolsonaro. Según el mandatario, es fundamental esclarecer todos los detalles de lo sucedido, antes de considerar cualquier medida de clemencia. "Todavía no ha acabado el proceso", había indicado Lula en diciembre, reafirmando la necesidad de preservar la memoria democrática para evitar riesgos futuros.
La propuesta, avalada por el Senado brasileño, contemplaba una rebaja sustancial de las penas para los implicados en el asalto a las instituciones ocurrido el 8 de enero de 2023, con reducciones de hasta un 70% en algunos casos. El propio Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión como cabecilla de la trama golpista, podría ver reducida su pena mínima a dos años y cuatro meses en régimen cerrado si el proyecto legislativo hubiera entrado en vigor.
La iniciativa fue impulsada originalmente por sectores de la oposición que promovían una amnistía general, pero en el Congreso fue reformulada para acotar su alcance exclusivamente a los crímenes contra el Estado Democrático de Derecho. El senador Esperidi o Amin, relator del proyecto, enfatizó que no se trataba de un perdón indiscriminado, sino de una revisión de la proporcionalidad de las penas para evitar castigos excesivos.
Sin embargo, Lula consideró que aún no es el momento adecuado para discutir posibles reducciones de pena, ya que el proceso judicial sigue en curso. El veto presidencial puede ser derrumbado por el mismo Congreso Nacional, que está en condiciones de aprobar el proyecto legislativo sin la firma del mandatario.
La decisión de Lula de vetar el proyecto de ley refleja su firme compromiso con la preservación de la democracia y la rendición de cuentas por los hechos ocurridos el 8 de enero. El presidente brasileño ha dejado claro que no habrá impunidad para quienes atentaron contra las instituciones democráticas, y que el proceso de investigación y juzgamiento debe seguir su curso sin interferencias políticas.
