Dos abogados fueron condenados por liderar una organización criminal que se dedicaba a apropiarse de casas y departamentos en Mar del Plata y La Plata mediante la falsificación de documentos públicos.
La investigación reveló que desde un estudio jurídico ubicado en la calle 19 N 993 de Miramar, los abogados Alfredo Adrián Bovati y José Luis Martínez Crisóstomo coordinaban una red delictiva que incluía a otros colegas, escribanos, agrimensores y "soldados" encargados de materializar los despojos.
La banda se especializaba en la elaboración de documentos públicos y privados apócrifos para transferir ilegalmente la titularidad de inmuebles y obtener su disponibilidad jurídica. Uno de los casos más documentados fue la apropiación de un inmueble en la calle Serrano al 4100 de Mar del Plata, donde presentaron un oficio falso ante el Registro de la Propiedad con firmas falsas de un juez y un secretario.
Bovati fue condenado a 7 años y 8 meses de prisión, mientras que Martínez Crisóstomo recibió 5 años de efectivo cumplimiento. Ambos fueron inhabilitados para ejercer la abogacía por el mismo plazo de sus condenas.
La justicia logró penetrar el corazón de la banda mediante la intervención del teléfono de Bovati, donde se registraron más de dos mil comunicaciones con su socio. Las escuchas revelaron la frialdad con la que manipulaban la fe pública, discutiendo incluso el tipo de tinta y el desgaste de los sellos de goma para que los documentos parecieran antiguos.
Para que el mercado inmobiliario absorbiera estas propiedades "robadas", la banda necesitaba que el catastro coincidiera con la mentira jurídica. Aquí entraba en juego un agrimensor que confeccionaba cédulas catastrales y estados parcelarios que daban apariencia de legalidad.
La estructura comenzó a crujir cuando un empleado del Registro de la Propiedad en La Plata detectó una irregularidad en un folio de seguridad. Esto disparó una serie de allanamientos el 28 de octubre de 2016, donde se secuestraron computadoras, sellos de goma con nombres de jueces y secretarios, y carpetas con las direcciones de las casas que estaban siendo "expropiadas" ilegalmente.
La sentencia dictada tras el juicio abreviado no solo castiga a los culpables, sino que deja en evidencia la vulnerabilidad del sistema. La fiscalía remarcó que la banda no solo afectó el patrimonio de particulares, sino que atacó la "fe pública" al utilizar un estudio jurídico como base de operaciones.
Hoy, mientras los condenados enfrentan las consecuencias penales, las víctimas directas continúan en un laberinto judicial para intentar recuperar sus propiedades.
