La exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) en Orellana, Samantha Lozada, ha denunciado una crisis institucional en el sistema judicial ecuatoriano tras revelar la existencia de redes de corrupción vinculadas al narcotráfico. Lozada, quien ocupó el cargo durante la gestión de Álvaro Román y Mario Godoy, asegura haber sido abandonada por el Estado después de sobrevivir a un atentado en su contra.
Según el relato de Lozada, el 22 de octubre de 2025, mientras circulaba en su vehículo junto a su padre, fue interceptada por un sicario en un semáforo. El atacante intentó dispararle directamente a la cabeza, pero el arma se trabó en repetidas ocasiones, lo que le salvó la vida. Posteriormente, el sicario logró accionar el arma, disparando ocho proyectiles que impactaron el vehículo e hirieron a su padre, aunque ambos lograron sobrevivir al ataque.
Lozada afirma que desde su ingreso a la Dirección Provincial recibió amenazas directas de alias Topo, presunto segundo al mando de Los Choneros, y de los Comandos de la Frontera, quienes advirtieron que la asesinarían a ella y a su familia si continuaba interfiriendo en sus operaciones.
Antes del atentado, Lozada asegura haber informado formalmente al pleno del Consejo de la Judicatura y a su presidente, Mario Godoy, sobre la existencia de una red de jueces y fiscales en Orellana que operaban en favor del narcotráfico y el tráfico de combustibles. Sin embargo, denuncia que no se dio trámite a sus denuncias y que, tras el atentado, el CJ le retiró la custodia policial, dejándola en una situación de extrema vulnerabilidad que la obligó a buscar asilo en el extranjero.
Por su parte, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, ha rechazado categóricamente las acusaciones de Lozada, calificándolas de "falsas de falsedad absoluta". Según la versión oficial de la institución, se brindaron todas las facilidades a Lozada, incluyendo una cápsula de seguridad, la autorización para teletrabajo y gestiones ante el Ministerio del Interior y de Defensa para resguardar su integridad. Además, sostienen que Lozada presentó su renuncia de forma voluntaria.
Sin embargo, Lozada desmiente esta versión, asegurando que se le pidió poner el cargo a disposición semanas antes y que, tras el atentado, una asesora de Godoy le recomendó renunciar, ejecutándose su salida sin su consentimiento formal previo.
La gravedad del caso motivó un pronunciamiento de Human Rights Watch, organización que expresó su "profunda preocupación" por el riesgo "alto" que enfrenta Lozada y su familia, instando al Consejo de la Judicatura a garantizar su protección física fuera de la zona de peligro.
Mientras la Judicatura reporta avances en la lucha contra la corrupción, como la destitución de funcionarios implicados en otros casos, el caso de Lozada queda como un recordatorio de la vulnerabilidad de quienes denuncian desde adentro del sistema judicial ecuatoriano.
