El gobierno ha incluido en el proyecto de ley de reajuste del sector público una controvertida norma que busca dar estabilidad laboral permanente a trabajadores públicos transitorios. La medida, conocida como "ley de amarre", ha encendido el debate y generado fuertes críticas de organizaciones como Pivotes.
Según Juan Francisco Galli, director ejecutivo de Pivotes, esta norma presenta tres problemas fundamentales: 1) Modifica de forma profunda el régimen de empleo público sin el debido debate, 2) Genera una "confianza legítima" que impide evaluar y remover a funcionarios públicos, y 3) Afecta la capacidad de los gobiernos de hacer cambios en la administración pública.
"Lo que se está intentando aprobar, en el marco de una ley de reajuste, es una modificación profunda al régimen del empleo público, sin el debate público ni legislativo que un cambio de esta magnitud amerita", señaló Galli.
Desde Pivotes argumentan que si bien la precariedad y falta de evaluación en el sector público es un problema real, su solución no puede darse "mediante normas parciales y transitorias incluidas en leyes de reajuste, sino a través de una reforma seria, transparente y de largo plazo".
Por ello, el centro de estudios lanzó una campaña para juntar firmas ciudadanas y solicitar a los miembros del Parlamento el rechazo de esta "ley de amarre" incluida en el proyecto de reajuste.
La polémica norma ha generado un intenso debate, con quienes la defienden argumentando que mejora la protección laboral de los funcionarios públicos, mientras que sus detractores la ven como una maniobra de último minuto para "amarrar" a trabajadores transitorios.
