En una entrevista con el medio Exitosa, Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Deudos de Víctimas de Protestas en Puno, expresó su rechazo a la decisión de desactivar el Equipo Especial Eficavip, encargado de investigar las muertes ocurridas durante las protestas en su región.
Samillán considera que esta medida busca "proteger a los responsables directos e indirectos" de las matanzas contra los ciudadanos que protestaron contra el régimen de Dina Boluarte. Asegura que la desactivación del Eficavip perjudicará las investigaciones, ya que las carpetas pasarán a fiscales que investigan delitos de terrorismo.
"Para todas las víctimas, no solamente de Puno, de todo el Perú, es un golpe bajo y abre las heridas que nos dejaron en el 2022 y 2023. Con esta acciones lo único que nos confirman, es que estos señores quieren a toda costa proteger a los responsables directos e indirectos", manifestó el titular de la agrupación.
Según Samillán, el Eficavip había logrado avances significativos en la investigación, como la identificación de los militares y altos mandos que ordenaron la represión en Ayacucho. Sin embargo, los constantes cambios de fiscales realizados por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, entorpecieron las diligencias.
"Ya se tiene identificados a los militares que asesinaron en la región de Ayacucho. A los altos mandos que dieron las órdenes. Ya se identificó a los directos responsables de la muerte de un compañero. Para que eso no salga en estos días, porque el perito iba a dar toda la información", reveló.
La desactivación del Equipo Especial Eficavip ha sido recibida con malestar por la Asociación de Deudos de Víctimas de Protestas en Puno, quienes consideran que esta medida busca obstruir la justicia y proteger a los responsables de las muertes ocurridas durante las manifestaciones en el país.
