El fallecimiento de Jorge Burgos, líder social y docente conocido como El Profe, tiene consternada a la comunidad en zona rural de Montería (Córdoba). La Fundación Cordoberxia fue la primera en denunciar públicamente el caso, afirmando que Burgos fue "asesinado" en el corregimiento de Tres Palmas.
Habitantes del sector relataron que el cuerpo de Burgos fue encontrado sin vida en su vivienda, "con signos de violencia extrema", según testimonios. Varios vecinos señalaron que la escena sugería un posible robo, pues el interior de la casa estaba desordenado y Burgos habría sido golpeado antes de morir.
Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que el también profesor de religión en la Institución Educativa de Tres Palmas, en el municipio de Montería, fue asesinado el miércoles 7 de enero en su vivienda: "Este docente fue asesinado en su vivienda, ubicada en el corregimiento de Tres Palmas, y fue encontrado sin vida; según las primeras versiones, presentaba signos de violencia y estrangulamiento".
Indepaz recordó que en 2022 la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre el "riesgo inminente para la vida e integridad" de poblaciones vulnerables en Montería, asociado al accionar del clan del Golfo, un grupo criminal de gran tamaño que actualmente sostiene diálogos de paz con el Gobierno.
Entre las hipótesis de la muerte del líder social, se maneja que ocurrió cerca de las 5:00 a.m. cuando varios delincuentes accedieron al inmueble por la zona posterior. Una vez dentro, golpearon a Burgos y lo asfixiaron hasta provocarle la muerte. Los atacantes revolvieron toda la casa antes de huir del lugar, lo que sugiere que buscaban algún elemento de valor.
Sin embargo, el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, sostuvo que la información oficial aún es preliminar y que será el Instituto Nacional de Medicina Legal quien esclarezca la causa definitiva de la muerte, aunque adelantó que "todo indicaría a un posible suicidio".
El caso ha desatado una oleada de cuestionamientos por las implicaciones de seguridad en toda la región y pone en el foco la histórica vulnerabilidad de los líderes sociales colombianos, recordando que solo en 2025 se registraron 187 asesinatos de defensores de derechos humanos, de acuerdo con el recuento de Indepaz.
