La crisis económica y petrolera que atraviesa Venezuela ha llevado al gobierno provisional a considerar la transferencia de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado a Estados Unidos, según lo anunció el presidente Donald Trump.
Esta medida se produce después de que Delcy Rodríguez, antigua vicepresidenta venezolana, asumiera la presidencia provisional del país, tras la detención de Nicolás Maduro. La administración de Trump reconoció rápidamente a Rodríguez como su interlocutora directa, dejando de lado a la líder opositora María Corina Machado.
Según informó ABC News, la situación en Venezuela es apremiante, ya que los petroleros del país se encuentran a plena capacidad y no tienen espacio físico para seguir almacenando crudo. Esto ha empujado al gobierno provisional a buscar alternativas para evitar entregar gratuitamente su petróleo a China u otros mercados.
Trump comunicó que el crudo se venderá al valor actual del mercado internacional y afirmó que "ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos". Además, instruyó al secretario de Energía, Chris Wright, para que implemente este plan "de inmediato".
La entrega de 30 a 50 millones de barriles equivaldría aproximadamente a entre 30 y 50 días de la producción total de petróleo de Venezuela, una cifra limitada al compararse con la producción diaria de Estados Unidos, estimada en alrededor de 13,8 millones de barriles.
Sin embargo, este acuerdo tiene implicaciones más allá de los volúmenes de crudo. La aprobación de la administración Trump a la gestión de Delcy Rodríguez, así como la exigencia de cortar vínculos con potencias como China y Rusia, responde a la estrategia de Washington de controlar tanto el flujo petrolero venezolano como los recursos generados por estas transacciones.
Según Bloomberg, la situación también se enmarca en una coyuntura de presión financiera, pues la viabilidad económica del Estado venezolano depende casi por completo de la exportación de hidrocarburos. La resistencia de Caracas a entregar barriles sin retribución y la imposibilidad de hallar otros mercados, bajo sanciones y restricciones logísticas, han condicionado la toma de decisiones del gobierno provisional.
La concreción del envío de petróleo sancionado implica la coordinación entre autoridades estadounidenses y venezolanas, así como la autorización explícita de Donald Trump para que los recursos derivados de la venta se distribuyan bajo supervisión directa de la administración de Washington. Esto configura un mecanismo de control singular sobre los ingresos de un país sancionado, permitiendo además a Estados Unidos incidir en la aplicación de esos fondos en el contexto político y social venezolano.
