El tema de los presos políticos en Venezuela ha quedado relegado en las declaraciones públicas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ahora parece más interesado en el petróleo del país suramericano.
Después de los ataques a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Trump afirmó que los presos políticos están en segundo plano. "No hemos llegado a eso. Ahora mismo lo que queremos es arreglar el petróleo, arreglar el país, traerlo de vuelta y tener elecciones", dijo el republicano.
El mandatario aseguró que el Gobierno venezolano, ahora dirigido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, está dispuesto a entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para su venta en el mercado estadounidense, y que él controlará el dinero de la operación para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos.
Durante un discurso ante congresistas republicanos, Trump calificó a Maduro como un hombre violento y aseguró que "torturaba" personas, sin ofrecer mayores detalles. Sin embargo, no se reportaron excarcelaciones en Venezuela tras sus declaraciones.
Aunque Trump no lo mencionó expresamente, algunas ONG venezolanas interpretaron que se refería a El Helicoide, sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), señalada en reiteradas ocasiones como centro de torturas.
Por su parte, la organización Foro Penal, que lleva la defensa de presos políticos, contabiliza 863 detenidos, de los cuales 86 tienen otra nacionalidad. Durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, las autoridades venezolanas anunciaron la excarcelación con medidas cautelares de 99 y 88 presos políticos, respectivamente, aunque las ONG locales no han podido verificar todos los casos.
Hasta ahora, el Ejecutivo de Maduro ha sostenido que el país está "libre de presos políticos", y que los señalados como tales están encarcelados por la "comisión de hechos punibles graves". Sin embargo, la Corte Penal Internacional (CPI) abrió en 2018 una investigación contra Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.
Aunque el Gobierno venezolano intentó frenar el proceso alegando investigaciones internas, la Corte rechazó esa postura en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas. Mientras tanto, Trump parece haber priorizado los intereses petroleros sobre la situación de los presos políticos en Venezuela.
