Maduro ante la justicia: el debate sobre juzgar crímenes de lesa humanidad

La imagen de Nicolás Maduro ante un tribunal en Nueva York ha reabierto un debate fundamental: ¿cómo juzgar a quienes cometen crímenes contra su propia población? Mientras el presidente venezolano enfrenta cargos en Manhattan, la Corte Penal Internacional (CPI) investiga crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, como detenciones arbitrarias, torturas y persecución política sistemática.

Tras la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Núremberg llevaron a los líderes de un Estado a responder por crímenes cometidos contra civiles. Desde entonces, el derecho internacional ha evolucionado para intentar someter al imperio de la ley los peores horrores. El Estatuto de Roma creó la CPI, que ha condenado a líderes como Karad i , Mladi y Charles Taylor por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

En 1998, la detención de Augusto Pinochet en Londres estableció que la tortura es un crimen tan grave que ninguna inmunidad de ex jefe de Estado la protege, abriendo la puerta a la jurisdicción universal. Esto significa que cualquier Estado puede juzgar crímenes de lesa humanidad, pues ofenden a toda la comunidad internacional.

Sin embargo, la captura militar de Maduro esquiva tanto la jurisdicción universal como la extraterritorial, anclándose en cargos de narcotráfico en lugar de crímenes internacionales. Esto podría vaciar de contenido al orden jurídico nacido en 1945, al normalizar que los dictadores sean procesados solo por delitos ordinarios.

La solución, según la ex ministra de Relaciones Exteriores Antonia Urrejola, no es abandonar los marcos jurídicos, sino usarlos. La CPI podría emitir una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad, y los tribunales podrían ejercer jurisdicción universal, como ocurrió con Pinochet o Habré. Juzgar crímenes graves exige procedimientos rigurosos, pues ahí radica la diferencia entre justicia y venganza.

Que Maduro sea juzgado es indispensable, pero que lo sea también por crímenes de lesa humanidad, ante jurisdicciones que respeten estándares internacionales, es la prueba de si el derecho internacional sigue siendo un proyecto vivo.