Estados Unidos ha endurecido sus políticas de control migratorio, exigiendo a solicitantes de visa de 13 países el pago de fianzas que pueden llegar hasta los $15,000 antes de ingresar al país. Esta medida, introducida durante la administración de Donald Trump y ampliada este año, busca reducir los casos de permanencia irregular en territorio estadounidense.
La nueva política migratoria afecta a ciudadanos de Bhután, Botsuana, República Centroafricana, Guinea, Guinea-Bisáu, Namibia, Turkmenistán, Mauritania, Santo Tomé y Príncipe, Tanzania, Gambia, Malawi y Zambia. Exceptuando a Bhután y Turkmenistán, todos los países son africanos.
Las autoridades estadounidenses explican que el monto de la fianza varía entre $5,000 y $15,000, y es determinado durante la entrevista de visa. Los viajeros deben aceptar los términos, completar el formulario I-352 del Departamento de Seguridad Nacional y realizar el pago a través de la plataforma oficial Pay.gov. En caso de que la visa sea negada, el dinero se devuelve; si se concede y el viajero cumple con las normas, la fianza se reembolsa al salir del país.
Además de la fianza, los solicitantes deben cumplir con requisitos adicionales, como entrevistas presenciales, historial de redes sociales de varios años y documentación completa sobre viajes y residencia. Quienes obtengan la visa también deberán entrar y salir de EE.UU. por puertos específicos, como Boston, Nueva York y Washington.
El Departamento de Estado estadounidense señala que esta política podría mantenerse de manera indefinida, mientras se continúe evaluando el cumplimiento de las leyes migratorias y las tasas de permanencia irregular.
Esta medida ha generado preocupación entre quienes planean viajar por turismo a Estados Unidos, ya que la fianza puede representar una barrera económica significativa. Algunos expertos cuestionan la efectividad de la política, argumentando que podría generar más problemas que soluciones en el complejo sistema migratorio del país.
