La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá ha ordenado la creación de una comisión encargada de organizar, elaborar y aplicar el examen profesional de acceso al ejercicio de la abogacía en el país.
La resolución 001-2026 establece que la comisión estará integrada por siete profesores de la facultad: Rigoberto González Montenegro como presidente, Miriam Amores como vicepresidenta, y Carlos Bichet, Joel De León, Sara Zeballos, Armando Fuentes y Margareth Mosquera como miembros.
Según la resolución, el examen será redactado "conforme a un temario previamente establecido y aprobado en conjunto con las demás universidades del país que cuentan con Facultad de Derecho y Ciencias Políticas". Esta medida se toma en cumplimiento de la Ley 500 del 24 de noviembre de 2025, que regula el ejercicio de la abogacía en Panamá.
La decisión, firmada por el decano de la Facultad, Hernando Franco, busca estandarizar y profesionalizar el acceso a la práctica legal en el país. Hasta ahora, cada universidad establecía sus propios requisitos para otorgar títulos de abogado, lo que generaba disparidades y cuestionamientos sobre la calidad de la formación.
Con la creación de esta comisión examinadora, la Universidad de Panamá espera garantizar que todos los nuevos profesionales del derecho cumplan con un nivel de conocimientos y competencias mínimas requeridas para ejercer la abogacía de manera efectiva y ética.
El examen, cuyo temario será definido de manera conjunta con el resto de facultades de derecho del país, buscará evaluar aspectos como conocimientos jurídicos, habilidades de argumentación y redacción, y principios éticos.
Expertos consultados señalan que esta medida es un paso importante para elevar los estándares de la profesión legal en Panamá, en línea con las tendencias internacionales que buscan garantizar una práctica jurídica más sólida y confiable.
La comisión tendrá un plazo de seis meses para diseñar y poner en marcha el examen de acceso, cuya primera aplicación está prevista para mediados del próximo año. Todos los futuros egresados de las facultades de derecho deberán aprobar esta prueba para poder ejercer como abogados en el país.
