Una norma federal del siglo XVIII, utilizada históricamente por Estados Unidos para juzgar crímenes cometidos fuera de su territorio, reaparece como sustento jurídico de la incursión armada del pasado 3 de enero en Caracas, Venezuela.
La captura sorpresiva del presidente Nicolás Maduro en plena madrugada del 3 de enero ha generado una gran conmoción a nivel internacional. Todos los focos están puestos en la frontera, donde se esperaba un éxodo inesperado de venezolanos, sin embargo, esto no sucedió.
La acción militar de Estados Unidos se ampara en una antigua normativa federal conocida como la "Ley de Piratería", una legislación del siglo XVIII que permite a Washington juzgar crímenes cometidos fuera de su territorio. Esta ley, utilizada históricamente para procesar a piratas, ahora se erige como el sustento jurídico de la incursión armada en Caracas.
Según fuentes oficiales, el gobierno estadounidense acusa a Maduro y a su círculo cercano de narcotráfico y corrupción, delitos que serían juzgados bajo esta antigua ley. La Casa Blanca ha justificado la acción militar como una medida necesaria para "restaurar la democracia" en Venezuela y "proteger los intereses de seguridad nacional" de Estados Unidos.
Sin embargo, la jugada ha generado una fuerte condena a nivel internacional. Países como Rusia, China y Cuba han denunciado la "violación flagrante de la soberanía venezolana" y han exigido el retiro inmediato de las fuerzas estadounidenses del territorio venezolano.
Por el momento, el Ejército venezolano ha descartado la presencia de artefactos explosivos en la zona, pero mantiene un despliegue de unidades para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos y hace un llamado a la calma y al diálogo para resolver la crisis.
