El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela ha respondido con una dura represión tras el ataque militar de Estados Unidos que buscaba capturar al presidente venezolano. Maduro decretó un estado de conmoción exterior que le otorga amplios poderes para restringir derechos y perseguir a quienes celebren o apoyen el ataque.
El decreto, firmado el 3 de enero, ordena a las autoridades "la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos". Hasta el momento, se han reportado al menos dos detenciones de ciudadanos que habrían celebrado públicamente la supuesta captura de Maduro.
Además, el gobierno ha amenazado con aplicar duras penas a quienes respalden acciones como la confiscación de buques petroleros venezolanos por parte de EE.UU. La represión se suma a la ya existente contra la oposición, con más de 2.000 detenidos tras las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por las restricciones a las libertades de movimiento, expresión y reunión contempladas en el decreto, así como por el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos. El estado de conmoción exterior también permite al gobierno militarizar servicios públicos e industrias estratégicas.
La situación en Venezuela se torna aún más volátil e incierta tras el ataque de EE.UU. y la respuesta del gobierno de Maduro, que parece dispuesto a utilizar todos los medios a su alcance para mantenerse en el poder, incluso a costa de profundizar la crisis humanitaria y los abusos contra la población.
