El gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, declaró este lunes el Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional. La medida se tomó luego de que se denunciara una "agresión armada por parte de Estados Unidos".
El decreto, firmado por el ex dictador Nicolás Maduro y refrendado por su gabinete, habilita la adopción de medidas excepcionales en materia de seguridad, economía, sociedad y política. Esto se enmarca en lo que el chavismo calificó como un escenario de "hostilidad externa sin precedentes".
Según el texto presidencial, difundido en la Gaceta Oficial, la decisión se fundamenta en la "confirmación reciente de un ataque por parte de fuerzas estadounidenses". El decreto califica el hecho como una "grave violación de la integridad territorial, soberanía e independencia de la Nación" y una infracción del Derecho Internacional.
La declaración del Estado de Conmoción Exterior está contemplada en la Constitución venezolana y supone la movilización inmediata de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Además, se ordena la utilización de "todo el potencial existente como poder nacional" para repeler la supuesta intervención.
Una de las disposiciones más polémicas del decreto es la activación de mecanismos de búsqueda y captura de personas acusadas de "promover o apoyar el ataque". Los cuerpos de seguridad a nivel nacional, regional y municipal deberán detener a estos individuos y remitirlos al Ministerio Público y al sistema de justicia penal.
Asimismo, el texto establece la militarización transitoria de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y las industrias básicas. Los trabajadores de estos sectores pasarán temporalmente al régimen militar.
El decreto también refuerza el control de fronteras terrestres, aéreas y marítimas, y autoriza al Ejecutivo a dictar cualquier medida política, legal, administrativa, económica y social que considere necesaria para "restablecer la normalidad".
Entre las atribuciones excepcionales figuran la requisición de bienes esenciales para la defensa nacional, la restricción o suspensión del ingreso al país, el cierre de fronteras, la restricción del libre tránsito y la suspensión de reuniones y manifestaciones públicas.
La duración inicial del Estado de Conmoción Exterior es de 90 días, prorrogables por una vez, según la Constitución. Desde su entrada en vigor quedan suspendidos los artículos legales incompatibles con el decreto, que será remitido a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo de Justicia para su control y revisión.
