La crisis política y humanitaria en Venezuela ha generado una respuesta coordinada entre países vecinos, con Panamá y Paraguay a la cabeza de una iniciativa regional para facilitar una transición democrática en el país.
Según informó la Presidencia panameña, el mandatario José Raúl Mulino mantuvo una conversación telefónica con su par paraguayo, Santiago Peña, en la que ambos coincidieron en la urgencia de abrir un diálogo a nivel regional para abordar la compleja situación venezolana tras la detención del presidente Nicolás Maduro y la asunción provisional de Delcy Rodríguez.
Los presidentes de Panamá y Paraguay enfatizaron que cualquier proceso político en Venezuela debe incluir en una etapa inicial el regreso de los exiliados y la liberación de los presos políticos, medidas que consideran fundamentales para restablecer los derechos civiles y políticos en el país.
Según el comunicado oficial, los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países ya sostienen conversaciones para coordinar un encuentro virtual entre los mandatarios latinoamericanos interesados en sumarse a esta iniciativa. El objetivo es sentar las bases para una transición pacífica y participativa, en la que los actores internacionales respeten la voluntad soberana de la sociedad venezolana.
La propuesta de Panamá y Paraguay se enmarca en los intentos por evitar que la crisis venezolana genere mayores tensiones internas y regionales, y se centra en el restablecimiento de garantías democráticas como primer paso hacia la normalización institucional. Ambos gobiernos enfatizan que el regreso de los exiliados y la liberación de presos políticos serían pasos indispensables para el inicio de cualquier transición genuina, lo que permitiría crear condiciones de confianza dentro y fuera de Venezuela.
La situación en Venezuela permanece en estado de incertidumbre, con nuevos liderazgos y la expectativa internacional respecto a la viabilidad de una transición concertada. La iniciativa promovida por Panamá y Paraguay busca sumar apoyos entre los demás jefes de Estado latinoamericanos, con la intención de incidir en la definición de un marco que priorice la voz y la autodeterminación de la ciudadanía venezolana en el desenlace de su crisis política e institucional.
