El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha anunciado que recurrirá el fallo judicial que anuló la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 60,000 migrantes hondureños.
La administración Trump había decidido poner fin al TPS para varios países, incluyendo Honduras, argumentando que las condiciones de emergencia que justificaron su otorgamiento habían cesado. Sin embargo, en septiembre de 2020, un tribunal federal ordenó restaurar el TPS para los hondureños, considerando que la decisión de terminarlo fue "arbitraria y caprichosa".
Ante este revés legal, el DHS ha informado ahora que apelará el fallo, con el objetivo de mantener la cancelación del TPS para los ciudadanos hondureños que se acogieron a este programa de protección migratoria.
"El Departamento de Seguridad Nacional está decepcionado por la decisión del tribunal y cree que la terminación del TPS para Honduras fue apropiada dado que las condiciones de emergencia que justificaron su designación original ya no existen", reza el comunicado oficial.
El TPS es un permiso temporal que otorga Estados Unidos a ciudadanos de países que enfrentan conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias excepcionales que impiden su regreso seguro. Actualmente, unos 400,000 inmigrantes de diversos países se acogen a este estatus.
La administración Trump ha buscado terminar con el TPS para varios países, argumentando que las condiciones que justificaron su creación ya no existen. Sin embargo, los tribunales han frenado en varias ocasiones estos intentos, considerando que la decisión de cancelar el TPS fue tomada de manera "arbitraria y caprichosa".
El fallo que restauró el TPS para los hondureños se sumó a otras victorias legales de los defensores de los inmigrantes, quienes han logrado bloquear los esfuerzos de la Casa Blanca por poner fin a este programa de protección migratoria.
A pesar de este nuevo revés legal, la administración Trump mantiene su posición de intentar terminar con el TPS para los países que aún se acogen a este estatus, como El Salvador, Haití y Nicaragua. Los abogados de los inmigrantes, por su parte, seguirán luchando en los tribunales para evitar la deportación de estas comunidades.
