Las principales organizaciones políticas y sociales de América Latina han condenado enérgicamente el ataque militar y el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos. A través de comunicados oficiales, estas entidades han exigido la liberación inmediata del mandatario venezolano y han advertido sobre las graves consecuencias que este hecho podría tener para la seguridad y la soberanía de la región.
La Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo (ALOP) denunció que el operativo ejecutado por Washington viola "toda la normativa del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz". En su comunicado, la ALOP advirtió que este precedente pone en riesgo la seguridad de la región y "sienta un peligroso precedente con el secuestro de un presidente legítimo", al "imponer una extraterritorialidad de la ley penal norteamericana que viola la soberanía de cualquier Estado".
Asimismo, la organización señaló que la verdadera intención de Estados Unidos es "apoderarse de los recursos naturales de Venezuela". En este sentido, exigieron la liberación inmediata de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el respeto irrestricto a la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo venezolano, y el cese de todo tipo de agresión y amenazas contra ese y cualquier otro país de la región.
Por su parte, el gobierno de México, a través de su Cancillería, calificó el hecho como una "clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas" y condenó enérgicamente las acciones militares ejecutadas por Washington. Además, México se sumó a una declaración conjunta con Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y España, en la que expresaron su rechazo a la agresión militar.
Estas reacciones evidencian la profunda preocupación que ha generado el ataque estadounidense en la región, el cual es percibido como una grave amenaza a la soberanía y la estabilidad de los países latinoamericanos. Las organizaciones exigen que se respete el derecho internacional y que se garantice la liberación inmediata del presidente Maduro, advirtiendo que de lo contrario, las consecuencias podrían ser devastadoras para la seguridad y la paz en América Latina.
