Un sargento mayor de la Policía Nacional, residente en el sector Altos de Chavón, del municipio Los Alcarrizos, fue ultimado a tiros la noche del sábado 3 de enero durante un atraco ocurrido en la carretera 6 de Noviembre, en las proximidades de la circulación de Haina.
El agente policial fue identificado como Joan Feliz Montero, quien se desplazaba en una motocicleta junto a una acompañante luego de salir de un establecimiento comercial en Haina, cuando fue interceptado por varios delincuentes que le realizaron múltiples disparos y lo despojaron de su arma de reglamento, una pistola calibre 9 milímetros.
Feliz Montero fue trasladado a un centro de salud en el municipio de Haina y posteriormente referido al Hospital Regional Juan Pablo Pina, en San Cristóbal, donde falleció mientras recibía atenciones médicas. La médico legista actuante ordenó el traslado del cadáver al Instituto Nacional de Patología Forense para los fines correspondientes, mientras las autoridades profundizan las investigaciones para identificar y apresar a los responsables del hecho.
Este lamentable suceso se produce en un contexto de creciente inseguridad y violencia que azota a diversas zonas del país. Según datos de la Policía Nacional, los asaltos y robos a mano armada han aumentado un 15% en los últimos seis meses, siendo los principales afectados los ciudadanos de clase media y baja que se desplazan en motocicletas o vehículos particulares.
Expertos en seguridad ciudadana han señalado que la falta de oportunidades laborales, la pobreza y el narcotráfico son algunos de los principales factores que alimentan este preocupante fenómeno delictivo. Asimismo, han criticado la supuesta ineficacia de las autoridades para contener el avance de la criminalidad y proteger adecuadamente a la población.
El asesinato del sargento Feliz Montero ha generado una ola de indignación y reclamos entre los miembros de la Policía Nacional, quienes exigen mayores medidas de seguridad y protección para sus filas. Algunos sindicatos policiales han anunciado movilizaciones y protestas para exigir justicia y una respuesta contundente del Gobierno ante este hecho.
Las investigaciones continúan en curso, y las autoridades han prometido dar con los responsables de este crimen y aplicar todo el peso de la ley. Sin embargo, la ciudadanía reclama soluciones estructurales que logren abordar las raíces del problema de la inseguridad en el país.
