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Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay emitieron este domingo un comunicado conjunto para rechazar las acciones militares de Estados Unidos en territorio venezolano, operación en la que fueron detenidos el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
En el texto, los seis países plantean que la incursión contraviene principios del derecho internacional, en particular la prohibición del uso o amenaza de la fuerza, y el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados. El pronunciamiento pone el acento en el impacto regional de la operación y en el precedente que puede abrir para futuras crisis en el continente.
Los firmantes también expresaron preocupación por cualquier intento de control gubernamental, administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos. La referencia se conoce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que su país gobernará Venezuela hasta que exista una transición "segura" y "apropiada", y anticipara inversiones de petroleras estadounidenses para reconstruir la infraestructura del sector.
El comunicado sostiene que la crisis venezolana debe resolverse por vías pacíficas, mediante diálogo y negociación, y con respeto a la voluntad de la ciudadanía "en todas sus expresiones", sin injerencias externas. En esa línea, los seis gobiernos afirman que solo un proceso político inclusivo, liderado por los propios venezolanos, podría conducir a una solución democrática y sostenible.
El grupo recordó que América Latina y el Caribe es una zona de paz y pidió unidad regional ante acciones que, a su juicio, pongan en riesgo la estabilidad. Además, instaron al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y a mecanismos multilaterales a usar sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de tensiones.
Tras la captura, Maduro pasó su primera noche detenido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York, a la espera de actuaciones judiciales en un tribunal federal. Según reportes, enfrenta cargos relacionados con narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos vinculados con armas automáticas, en un caso que se remonta a una acusación formal de 2020 y que ahora fue actualizada.
