El presidente Donald Trump aceptó que atacó Venezuela sin la aprobación del Congreso de Estados Unidos, como establece la Constitución estadounidense, argumentando que los congresistas "filtran información" y que no quería "informantes".
Esta admisión de Trump podría generar serias consecuencias, ya que según la Constitución de Estados Unidos, el Congreso es la institución facultada para declarar la guerra y autorizar acciones militares, mientras que el presidente ejerce el rol de comandante en jefe, pero sujeto a este control legislativo. Además, la Ley de Poderes de Guerra de 1973 exige que cualquier operación militar sea notificada al Congreso y que cuente con autorización si se prolonga más allá de los plazos permitidos.
Al reconocer haber actuado sin la aprobación del Congreso, Trump podría enfrentar procesos de revisión legislativa, solicitudes de informes oficiales e investigaciones sobre el cumplimiento de los procedimientos constitucionales y legales relacionados con el uso de la fuerza militar.
El Congreso de Estados Unidos, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes, tiene la función principal de crear y aprobar leyes, además de supervisar al Poder Ejecutivo. En materia militar, es la institución facultada por la Constitución para declarar la guerra y autorizar el uso de la fuerza, por lo que la admisión de Trump podría desencadenar un conflicto institucional.
Esta revelación llega en un momento de tensión entre Estados Unidos y Venezuela, donde el gobierno de Trump ha adoptado una postura cada vez más agresiva, incluyendo sanciones económicas y el reconocimiento del líder opositor Juan Guaidó como presidente interino. Sin embargo, la Constitución establece claramente que el Congreso es el único órgano autorizado para tomar decisiones sobre el uso de la fuerza militar, por lo que la acción unilateral de Trump podría ser considerada inconstitucional.
Es importante que el Congreso y la opinión pública ejerzan un estricto control sobre las acciones del Poder Ejecutivo en materia de política exterior y seguridad nacional, a fin de garantizar el respeto a la Constitución y el estado de derecho. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en una democracia sólida.
