El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidió mantener la prisión de Filipe Martins, ex-asesor de Asuntos Internacionales del ex presidente Jair Bolsonaro, después de una audiencia de custodia realizada el viernes (2). El ex asesor fue condenado a 21 años de prisión por su participación en la trama golpista.
La audiencia por videoconferencia, desde la cárcel pública de Ponta Grossa (PR), donde Martins está detenido, fue realizada por la jueza auxiliar del gabinete del ministro Alexandre de Moraes, Flávia Martins de Carvalho. El ministro consideró que se comprobó el incumplimiento de la medida cautelar que le prohibía el uso de redes sociales.
"No hay dudas de que hubo incumplimiento de la medida cautelar impuesta, ya que la propia defensa reconoce la utilización de la red social, no habiendo pertinencia alguna en la alegación de la defensa de que las redes sociales fueron utilizadas para 'preservar, organizar y auditar elementos informativos pasados relevantes para el ejercicio de la amplia defensa'", escribió Moraes en su decisión.
El sábado pasado (27), Moraes había decretado prisión domiciliaria con uso de tobillera electrónica para Martins. Sin embargo, el ex asesor habría incumplido las medidas cautelares del proceso penal, específicamente la prohibición de usar redes sociales.
Según la decisión que decretó la prisión preventiva, una denuncia recibida el 29 de diciembre indicaba que Martins habría utilizado la red social profesional LinkedIn para buscar perfiles de otras personas.
El lunes, Moraes notificó a la defensa de Martins y le dio un plazo de 24 horas para aclaraciones sobre el caso. No obstante, sus abogados alegaron que Filipe Martins no tenía credenciales de acceso a sus cuentas en redes sociales y no podría publicar contenidos: "no practicó ningún acto en tales plataformas desde un período anterior a la imposición de las actuales restricciones cautelares".
En su decisión, Moraes enfatizó que Martins tuvo "total desprecio por las normas impuestas y por las instituciones constitucional y democráticamente establecidas, ya que, al hacer uso de las redes sociales, ofende las medidas cautelares aplicadas, así como todo el ordenamiento jurídico".
