El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ofreció un contundente informe a la Nación ante la Asamblea Nacional, en el que detalló los principales logros y desafíos de su administración. Con un tono firme y, en ocasiones, confrontativo, Mulino abordó una amplia gama de temas, desde la migración irregular hasta la reforma constitucional.
Uno de los puntos centrales del discurso fue la situación económica heredada del gobierno anterior. Mulino reveló que la deuda pública aumentó 73% entre 2019 y 2024, superando los $22 mil millones, con un pago de intereses que se duplicó. Ante este escenario, defendió un ajuste fiscal gradual y la reducción del déficit del Sector Público No Financiero, al tiempo que aseguró que el presupuesto de 2026 registrará un superávit primario por primera vez en más de una década.
En materia de seguridad, el mandatario lanzó una crítica frontal al Órgano Judicial, al que acusó de permitir la liberación de narcotraficantes, pandilleros y sicarios bajo una "extrema flexibilidad disfrazada de garantismo". Exigió a los jueces que expliquen públicamente sus decisiones, argumentando que "la sociedad demanda certeza de castigo".
Otro eje central del informe fue la infraestructura y la movilidad. Mulino enumeró una serie de obras heredadas, destrabadas y terminadas, como el puente modular sobre el río La Villa, el puente vehicular sobre el río Bonito y avances en la Línea 3 del Metro. Sin embargo, también criticó proyectos abandonados por "10 años", como el intercambiador de Chitré.
En el ámbito de la educación, el presidente reconoció que el sistema panameño "no está a la altura" y anunció la presentación de una nueva ley, tras señalar que la vigente data de 1946 y está "parchada". Prometió iniciar un proceso participativo para la reforma educativa, pero advirtió que este se desarrollará fuera de "tranques... o huelgas improductivas".
Uno de los temas más esperados fue el de la minería. Mulino intentó fijar límites, al asegurar que la aprobación del procesamiento y exportación de material rocoso "no significa la apertura o reactivación de la mina". Sin embargo, justificó esta medida como una forma de "resolver temas pendientes del pasado, preservar el ambiente y recuperar recursos".
Hacia el final de su discurso, el presidente abordó dos propuestas de fondo: la reducción del tamaño del Estado y la necesidad de una nueva Constitución. Defendió una reorganización para "generar eficiencias y ahorros", y anunció proyectos de ley para reformar la Carrera Administrativa y la Ley de Contrataciones Públicas.
Respecto a la Constitución, Mulino pidió un "proceso constituyente originario" y advirtió que "si este Estado no se reforma, fracasaremos". Prometió continuar con la campaña de "alfabetización constitucional" que lleva más de 300 charlas.
En general, el informe de Mulino se caracterizó por un tono desafiante y confrontativo, en el que el mandatario respondió a críticas y cuestionó a diversos actores, desde el Órgano Judicial hasta quienes, según él, "conspiran" detrás de "una supuesta inconstitucionalidad". Sin embargo, también presentó un amplio abanico de propuestas y acciones en áreas clave como la economía, la seguridad, la infraestructura y la educación.
