El Gobierno del presidente Daniel Noboa emitió un decreto ejecutivo que establece un nuevo estado de excepción en nueve provincias y tres cantones de Ecuador, como medida para combatir el recrudecimiento de la violencia criminal que azota al país.
La declaratoria de estado de excepción, que estará vigente durante 60 días hasta febrero de 2026, rige en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos, además de los cantones La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar).
Según el decreto, la medida se justifica en el alarmante aumento de la violencia en estas zonas. Entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre de 2025, se registraron 1,232 homicidios intencionales, un incremento del 18% respecto al año anterior.
Además, el Gobierno identifica una lucha territorial violenta entre bandas del crimen organizado como Los Lobos, Los Choneros y Tiguerones, quienes utilizan armas de alto calibre y explosivos para controlar actividades ilícitas. Asimismo, se reportan ataques a servidores públicos, como asesinatos de policías y amenazas a jueces, fiscales y ministros.
El estado de excepción otorga facultades extraordinarias a las fuerzas de seguridad, como la posibilidad de realizar allanamientos e inspecciones inmediatas sin orden judicial previa, cuando existan indicios de presencia de criminales, armas, explosivos o drogas. También autoriza el monitoreo y análisis de comunicaciones para prevenir o neutralizar amenazas terroristas o criminales.
Sin embargo, el decreto no especifica restricciones a la movilidad ni la implementación de un toque de queda.
Expertos en seguridad señalan que esta medida busca dar un respaldo legal a las operaciones de las fuerzas del orden para contener la ola de violencia que afecta a varias regiones del país. No obstante, advierten que es fundamental acompañar estas acciones con estrategias integrales de prevención y combate al crimen organizado a largo plazo.
