Tras las protestas que se desataron en Venezuela después de las controvertidas elecciones presidenciales de 2024, en las que el presidente Nicolás Maduro fue reelecto para un tercer mandato, las autoridades han liberado a más de 80 presos políticos, según informan organizaciones de derechos humanos.
Las ONG venezolanas Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) han confirmado que, hasta el momento, se han excarcelado 47 personas, aunque estiman que el número total podría llegar a 87. Estas liberaciones se produjeron en el penal de Tocorón, en el estado Aragua, donde se encontraban detenidos.
"Hemos podido corroborar hasta este momento 47, nos hablan que serán 87", declaró a la agencia EFE Martha Tineo, coordinadora general de JEP. Por su parte, Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, indicó que su organización está "verificando" y "llamando a los familiares caso por caso".
Según el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, los excarcelados tienen "una libertad limitada, porque continúan en juicio y con medidas cautelares y muchos otros de nuestros familiares aún continúan privados arbitrariamente de libertad".
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) también ha confirmado 29 excarcelaciones de Tocorón y una de la cárcel de El Rodeo I, en el estado Miranda.
"Cada liberación es una victoria, pero la represión continúa. La mayoría de los presos políticos siguen tras las rejas, y la lucha por la libertad plena no se detiene hasta que todas y todos estén libres", señaló el Clipp.
Antes de estas liberaciones, Foro Penal contabilizaba 902 presos políticos en Venezuela, mientras que JEP los cifraba en más de 1.000. La mayoría de ellos fueron detenidos durante las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales de 2024, en las que la oposición denunció "fraude" y reclamó la victoria de Edmundo González Urrutia.
El Gobierno de Maduro asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por "la comisión de terribles hechos punibles". Sin embargo, las ONG y partidos opositores defienden que se trata de presos políticos inocentes.
