El gobierno de Brasil emitió un decreto que exige a los importadores de productos plásticos aumentar progresivamente el contenido reciclado de los envases, llegando a un 22% en 2026 y 40% en 2040. Esta medida, anunciada días antes de la COP30, ha generado reclamos de los socios del Mercosur.
Uruguay, a través de una carta firmada por la directora general para Asuntos de Integración y Mercosur, Paola Repetto, pidió al gobierno de Lula da Silva postergar por un año la entrada en vigencia de esta nueva normativa. Argumentó que los productores uruguayos no cuentan con el tiempo suficiente para adaptarse a los nuevos requisitos.
Días después, Argentina, Paraguay y Uruguay solicitaron en conjunto a Brasil que conceda esa prórroga de un año. Los socios ponderaron la iniciativa por sus objetivos de desarrollo sostenible, pero remarcaron sobre el "exiguo plazo con que cuentan los productores para adaptarse a las nuevas exigencias".
La industria uruguaya ha manifestado su preocupación por el impacto que tendrá esta medida en sus exportaciones de plástico a Brasil, que en 2025 alcanzaron los US$ 196 millones, convirtiéndose en el segundo producto más exportado al país vecino.
Washington Durán, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Industrias de Uruguay, advirtió que "esto que parece un objetivo muy loable desde el punto de vista de la protección del ambiente, hay que compatibilizarlo con las normas del Mercosur". Señaló que las reglas de origen del bloque no prevén la exigencia de material reciclado en las exportaciones.
La preocupación de los países del Mercosur se hizo presente durante la reciente cumbre del bloque en Foz de Iguazú, donde el presidente uruguayo Yamandú Orsi mantuvo una reunión bilateral con Lula da Silva para abordar este tema.
Hasta el momento, Brasil ha respondido que "elevará estas preocupaciones a las instancias pertinentes", pero ha reiterado que las nuevas exigencias no son discriminatorias, ya que también afectan a las empresas brasileñas. Además, ha señalado que el decreto forma parte de la Política Nacional de Residuos Sólidos aprobada en 2010.
El reclamo de los socios del Mercosur pone en evidencia la tensión entre los objetivos de desarrollo sostenible y las reglas comerciales del bloque regional. La industria de plásticos de la región deberá adaptarse a estos nuevos desafíos, lo que requerirá de un diálogo y coordinación entre los países para encontrar soluciones equilibradas.
