En un último intento por salvar a la estatal petrolera Petro-Perú de su grave crisis financiera, el gobierno peruano ha tomado medidas drásticas a través de un decreto de urgencia publicado en la víspera de Año Nuevo.
La situación de Petro-Perú se ha vuelto insostenible en los últimos años, con la empresa incapaz incluso de garantizar el suministro básico de papel higiénico en sus instalaciones. Ante la negativa de la ministra de Economía, Denisse Miralles, de otorgar un nuevo rescate, el Ejecutivo ha optado por una reestructuración patrimonial de los activos de la compañía, incluyendo su refinería de Talara.
Este proceso quedará a cargo de ProInversión, a quien se le transferirán S/144 millones para llevar a cabo la operación. Adicionalmente, el Ministerio de Energía y Minas otorgará S/240 millones más a Petro-Perú para que pueda liquidar a sus trabajadores.
Es la primera vez en muchos años que un gobierno peruano toma una decisión de fondo sobre el futuro de la estatal petrolera. Anteriormente, los sucesivos gobiernos habían evitado enfrentar el problema, ya sea por ceguera ideológica o por los intereses creados alrededor de la empresa.
Sin embargo, la implementación de estas medidas no será sencilla. Es previsible que surjan los "intereses de siempre" para obstaculizar su aplicación, como ya se ha visto con la presentación de una moción de censura contra la ministra Miralles en el Congreso.
El verdadero reto será mantener la firmeza y lograr que esta reestructuración se lleve a cabo de manera efectiva. De lo contrario, la situación de Petro-Perú seguirá poniendo en riesgo la seguridad energética del país, algo que los defensores del statu quo se han encargado de negar durante años.
