En un gesto que parece buscar aliviar la presión internacional, el régimen chavista de Nicolás Maduro autorizó la excarcelación de 87 presos políticos en Venezuela, justo antes de la llegada del Año Nuevo. La información ha sido confirmada por organizaciones civiles como Justicia, Encuentro y Perdón, y el Comité de Madres en Defensa de la Verdad.
La gran mayoría de estos prisioneros estaban recluidos en la cárcel de Tocorón, a una hora y media de Caracas, por haber participado en las masivas protestas populares que cuestionaron el polémico triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. Hasta el momento, se han materializado 33 de estas excarcelaciones, según informa la asociación civil Justicia, Encuentro y Perdón.
Sin embargo, las liberaciones de presos políticos en Venezuela suelen estar rodeadas de confusiones y malinterpretaciones. En ocasiones, el régimen no libera a todos los prisioneros que anuncia, o retarda la concreción de muchos casos, generando zozobra en las familias afectadas. De hecho, en las Navidades, Maduro anunció la salida de prisión de 99 presos políticos, pero la organización Foro Penal, con gran autoridad en la materia, tenía registradas solo 61 hasta el 30 de diciembre.
Pese a estas excarcelaciones, Venezuela sigue siendo el país con la mayor cantidad de presos políticos en todo el hemisferio occidental, con aproximadamente 720 personas aún encarceladas por motivos políticos. El gobierno de Maduro ha ido autorizando estas medidas de gracia a lo largo del año pasado, pero luego de haber arremetido furiosamente contra la población en las semanas posteriores a las elecciones presidenciales de julio de 2024, cuando 2.000 personas fueron llevadas a prisión.
Los prisioneros políticos beneficiados por estas últimas excarcelaciones no tienen libertad plena: seguirán bajo medidas cautelares, con régimen de presentación ante los tribunales y algunas restricciones adicionales. Las organizaciones civiles vinculadas a la defensa de los derechos humanos han hecho un nuevo llamado a las autoridades del régimen chavista para declarar una amnistía general, calificando de "arbitrarios e injustificados" los arrestos y el castigo judicial a estos ciudadanos.


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