Durante su segundo mandato, el expresidente Donald Trump ha escalado drásticamente la confrontación entre Estados Unidos y Venezuela, llegando a ordenar ataques navales, incautaciones de buques petroleros y ofrecer millonarias recompensas por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Esta agresiva política ha generado una amplia condena internacional, con llamados a la no intervención y al diálogo por parte de países como México, Rusia, China y Cuba.
Desde 2017, Trump ha mantenido una postura abiertamente hostil hacia Venezuela, llegando a insinuar en varias ocasiones la posibilidad de una intervención militar. En 2020, su gobierno ofreció recompensas de hasta 15 millones de dólares por la "captura o arresto" de Maduro, acusándolo de narcotráfico.
Con el inicio de su segundo mandato en 2025, Trump intensificó aún más la confrontación. En febrero de ese año, su administración designó a ocho cárteles latinoamericanos, incluyendo al Tren de Aragua de Venezuela, como "organizaciones terroristas", sentando las bases para nuevas acciones militares bajo el pretexto del combate al narcotráfico.
A inicios de agosto, Washington duplicó la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares, la más alta jamás ofrecida por el gobierno estadounidense. Días después, el 2 de septiembre, fuerzas armadas de Estados Unidos hundieron una embarcación en el Caribe que, según Washington, transportaba droga, dejando 11 fallecidos.
A partir de entonces, se sucedieron una serie de ataques contra embarcaciones señaladas como vinculadas a Venezuela. Para finales de 2025, al menos 107 personas habían muerto en este tipo de operaciones, calificadas por Caracas como ejecuciones extrajudiciales.
En paralelo, comenzó la incautación de buques petroleros venezolanos. El primer decomiso ocurrió a finales de noviembre, cuando fuerzas estadounidenses interceptaron un petrolero con crudo venezolano en aguas internacionales. Trump acusó públicamente a Venezuela de "haber robado" el cargamento, justificando así la acción como una medida de "recuperación" y seguridad nacional.
La reacción internacional no se hizo esperar. México, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, reiteró su rechazo a la intervención extranjera y llamó a privilegiar el diálogo y el respeto a la soberanía. En el seno de Naciones Unidas, Venezuela denunció los ataques y solicitó garantías para evitar una confrontación mayor. Hacia finales de octubre, la ONU instó a Estados Unidos a detener los ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.
Rusia, China y Cuba respaldaron a Venezuela y condenaron las acciones militares estadounidenses. Moscú calificó las incautaciones como una "vuelta a la piratería" y advirtió que la escalada podía derivar en un conflicto de mayores proporciones. Por su parte, Lula da Silva, presidente de Brasil, se ofreció como mediador entre Washington y Caracas para evitar una guerra en la región.
La agresiva política de Trump hacia Venezuela ha generado una profunda crisis diplomática y humanitaria, con un alto costo en vidas humanas. Expertos advierten que la escalada de tensiones podría derivar en un conflicto de mayores proporciones, a menos que se opte por el diálogo y la resolución pacífica del conflicto.
