El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, promulgó el Decreto Supremo 5515 que modifica la Organización del Órgano Ejecutivo y permite al mandatario ejercer sus atribuciones constitucionales desde el exterior de manera temporal, utilizando medios tecnológicos de comunicación.
La nueva norma, firmada el 29 de diciembre de 2025 en Consejo de Ministros, introduce cambios específicos a los artículos 9 y 10 del Decreto Supremo 4857 con el objetivo de adecuar el funcionamiento del Ejecutivo al uso de tecnologías de la información y comunicación.
En la práctica, el decreto establece que cuando el Presidente se encuentre fuera del territorio nacional, podrá continuar ejerciendo sus competencias previstas en la Constitución Política del Estado mediante canales tecnológicos oficiales. Esto, con el fin de evitar interrupciones en la gestión pública y garantizar la continuidad del mando presidencial.
"Esta medida busca fortalecer la coordinación interinstitucional y dar seguridad jurídica tanto a la ciudadanía como a la comunidad internacional. En términos simples: el poder no se ausenta, aunque el Presidente cruce fronteras, mientras tenga wifi", explicó el Gobierno.
La norma precisa que el ejercicio de funciones a distancia será de carácter temporal y no elimina la figura de la suplencia presidencial prevista por la Constitución. En caso de que no sea posible el uso de medios tecnológicos, el Presidente deberá comunicar de forma expresa, escrita y con fechas precisas al Vicepresidente las acciones que podrá ejecutar durante la suplencia temporal.
Asimismo, se redefinen las atribuciones del Vicepresidente durante estos periodos, estableciendo que deberá actuar conforme al detalle de acciones previamente comunicado por el Presidente y siempre en coordinación con el Ministerio de la Presidencia, salvo que exista una ampliación expresa de facultades.
Como disposición transitoria, se instruye al Ministerio de la Presidencia y a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) establecer, en un plazo máximo de diez días calendario, los canales tecnológicos oficiales que permitan la aplicación efectiva del decreto.
La medida refuerza el rol de la tecnología como herramienta estratégica para la gestión pública y la modernización del Estado, en línea con la necesidad de mejorar la eficacia administrativa y dar seguridad jurídica a la ciudadanía y la comunidad internacional.
