El conflicto en el Poder Judicial de Santa Cruz sigue sin resolución. Los cuatro jueces del Tribunal Superior de Justicia nombrados por el gobernador Claudio Vidal en septiembre pasado nunca cobraron sus sueldos, debido a la oposición de los jueces afines al kirchnerismo que se niegan a reconocerlos.
Ante esta situación, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó por mayoría un proyecto que habilita el pago del 50% de los haberes a los cuatro nuevos vocales, quienes hasta el momento no han percibido ninguna remuneración.
El texto del proyecto aprobado establece que, al no existir aún una sentencia firme sobre la constitucionalidad de la ley que amplió el Tribunal Superior de Justicia de 5 a 9 miembros, corresponde garantizar el pago parcial de los salarios, teniendo en cuenta el carácter alimentario del mismo.
La norma también prevé dos escenarios futuros: si la ley es declarada constitucional, el gasto generado por estos pagos parciales será imputado al Presupuesto 2026 del Poder Judicial; mientras que si se declara su inconstitucionalidad, el pago se suspenderá automáticamente y el Estado provincial podrá recuperar los fondos abonados.
El gobernador Vidal calificó a la situación del Poder Judicial en la provincia como "un sector más de la política opositora", y afirmó que la Corte Suprema de Justicia "le pegó un tirón de oreja" al Tribunal Superior local por no reconocer a los nuevos vocales.
Por su parte, la diputada Adriana Nieto, autora del proyecto aprobado, consideró que se trata de una "grave anomalía institucional, sin precedente", ya que un vocal suspendió y privó de su sueldo a otro vocal, sin que ninguno de los cuatro nuevos jueces haya sido citado a juicio o notificado de las medidas que los afectan.
La crisis en el Poder Judicial de Santa Cruz se remonta a agosto pasado, cuando se desató un conflicto interno a raíz de la reforma impulsada por el oficialismo provincial que elevó de 5 a 9 los miembros del Tribunal Superior. Esta medida fue aprobada por mayoría en la Legislatura, pero enfrentó la oposición de los diputados opositores y del gremio judicial, quienes promovieron medidas cautelares que derivaron en un complejo laberinto jurídico.
Tras la aprobación de la ley, el gobierno de Vidal nombró a cuatro nuevos vocales, quienes juraron en sus cargos entre septiembre y octubre. Sin embargo, cuatro de los cinco vocales existentes se ausentaron al acto de jura y, posteriormente, removieron al entonces presidente del Tribunal, Daniel Mariani, para nombrar en su lugar a Reneé Fernández.
Desde entonces, conviven dos tribunales paralelos, ya que los nuevos miembros no fueron reconocidos como tales. Además, un amparo presentado por el gremio judicial pidió declarar la inconstitucionalidad de la ley que amplió la Corte.
En este contexto, el Tribunal Superior dispuso no pagar los sueldos a los nuevos jueces, lo que llevó a Acevedo y González Nora a presentar un recurso extraordinario federal que fue rechazado por la jueza Fernández. Ante esto, los afectados se presentaron en queja ante la Corte Suprema de Justicia, quien declaró la nulidad de lo actuado por la magistrada.
Finalmente, el Tribunal Superior, con la firma de los vocales afines al kirchnerismo, declaró la inconstitucionalidad de la ley que elevó de cinco a nueve los miembros del máximo tribunal, fallo que fue apelado por la Fiscalía de Estado.
En medio de este laberinto de fallos y presentaciones judiciales, la Legislatura aprobó el proyecto que habilita el pago del 50% de los salarios a los cuatro nuevos vocales, quienes hasta el momento no han percibido ninguna remuneración.
